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Obligaciones

La Ley delimita el ámbito de esta responsabilidad estableciendo las obligaciones a las que pueden quedar sometidos los productores mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, tanto en la fase de diseño y producción de sus productos como durante la gestión de los residuos que deriven de su uso.

En la actualidad esta responsabilidad está regulada en las siguientes normas de desarrollo reglamentario:

  • Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

  • Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.

  • Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso

  • Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

  • Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos

  • Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos.

 

La Ley 22/2011 posibilita a los productores del producto a que se haga frente a estas obligaciones de forma individual o de forma colectiva.

Los productores que opten por un sistema individual deberán presentar una comunicación previa al inicio de las actividades, indicando su funcionamiento y las medidas que aplicarán para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada. Esta comunicación -cuyo contenido será, al menos, el previsto en el anexo IX de la Ley y en la correspondiente norma reglamentaria- se presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique su sede social.

Los productores que opten por un sistema colectivo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada constituirán una asociación de las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, u otra entidad con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro. Los sistemas colectivos deberán presentar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el sistema tenga previsto establecer su sede social una solicitud de autorización previa al inicio de su actividad cuyo contenido mínimo será el previsto en el anexo X de la Ley 22/2011 además del que se establezca en la correspondiente norma reglamentaria.