Organismos

Portales

Obligaciones

El ejercicio de tales actividades y operaciones está sujeto al siguiente régimen administrativo, según de qué se trate:

  1. Comunicación previa al inicio de las actividades de transporte de residuos con carácter profesional, de negociante y de agente.

  2. Autorización previa en el caso de instalaciones y operaciones de tratamiento de residuos, tanto si se trata de operaciones de valorización y/o de eliminación como si se trata de almacenamiento de residuos en el ámbito de la recogida.

En su condición de gestor de residuos deberá observar las obligaciones que establezca la legislación vigente en materia de residuos, particularmente las contempladas en el artículo 20 de la Ley 22/2011. De ellas resultan destacables las siguientes:

  • en el caso de residuos peligrosos, y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión, deberá constituir una fianza (al objeto de responder frente a la Administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o comunicación) y suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente (para cubrir las responsabilidades que deriven de estas operaciones) cuya cuantía e importe determinará el órgano ambiental competente durante la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.

  • dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida.

  • enviará anualmente a las Comunidades Autónomas una memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico (memoria anual de gestión)

     

Si como consecuencia de su actividad genera residuos, está exento de presentar comunicación previa como productor de residuo. Sin embargo tendrá la consideración de productor de residuos a los demás efectos regulados en la Ley 22/2011, por lo que deberá atender a las obligaciones que como productor de residuos le impone esta Ley. De ellas resulta destacable la obligación de elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio de minimización comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos, siempre que su producción de residuos peligrosos sea superior a 10 toneladas anuales.