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Obligaciones del productor

Quienes produzcan residuos deben informar de su condición de «productor de residuos» al órgano ambiental competente presentando una comunicación previa al inicio de sus actividades, pero únicamente en los siguientes supuestos:
a) siempre que produzcan residuos peligrosos (indistintamente de la cantidad producida),
b) cuando produzcan residuos no peligrosos en una cantidad superior a 1000 toneladas anuales,
c) o cuando se encuentre en ambos supuestos. En este caso bastará con una única comunicación en la que se informe de ambos supuestos.
Dicha comunicación debe presentarse ante el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la instalación o actividad generadora de residuos. Debe saber que su presentación no exime de la obligación de obtener aquellas otras autorizaciones o licencias que resulten exigibles para el ejercicio de la actividad por la normativa que le resulte aplicable (por ejemplo la licencia ambiental o de actividad, que deberá obtener del correspondiente Ayuntamiento).
Una vez presentada la comunicación puede iniciar su actividad (siempre que disponga de las restantes licencias y autorizaciones). A pesar de ello el órgano competente podrá comprobar la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la comunicación previa, en cuyo caso será requerido para subsanar su comunicación. En caso de no atenderse al requerimiento, el órgano ambiental competente determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, procediendo a darle de baja en el registro administrativo e iniciar el correspondiente expediente sancionador.
Como quiera que se trata de una comunicación previa, y no de una solicitud de autorización, el órgano competente para atenderla no está sujeto a la obligación de resolver conforme a lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En su condición de productor de residuos deberá observar las obligaciones que establezca la legislación vigente en materia de residuos - particularmente las contempladas en los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011 respecto a la gestión de los residuos que genere y a las condiciones de su almacenamiento, envasado y etiquetados-, resultando destacables las siguientes:
  • asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, bien porque los trate por sí mismo, bien porque encargue su tratamiento a un negociante o a una empresa autorizada (gestor).
  • asumir los costes relativos a la gestión de sus residuos (art. 11).
  • elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio de minimización comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos. Quedan exentos de esta obligación los pequeños productores de residuos peligrosos.
  • mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder. La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses.
  • almacenar, envasar y etiquetar los residuos en el lugar de producción antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.
  • dispondrán de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. (art. 40)
Su responsabilidad como productor de residuos, cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de tratamiento autorizada, en cuyo caso dicha entrega ha de quedar acreditada documentalmente y deberá realizarse cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.